Buscan endurecer penas contra factureros. Podría afectar a empresas cumplidas

Como se ha visto en lo que va del año, las medidas recaudatorias tomadas por el gobierno actual han aumentado su vigilancia hacia los movimientos de los contribuyentes para detectar posibles delitos por defraudación fiscal, por lo que ahora se pretende desde el Senado hacer algunas reformas para que las consecuencias penales sean mayores por este concepto.

Específicamente, se trata de las modificaciones que actualmente se están contemplando hacia la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal, con las que se busca, entre otras cosas, equiparar la evasión fiscal con el crimen organizado y aumentar las penas de cárcel a entre cinco y ocho años.

¿Qué beneficios aportarían estas reformas?

Se calcula que en México existen alrededor de 8 mil 500 EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas), las cuales se estima que hacen movimientos ilegales por más de dos billones de pesos, lo que significa el 70% de la recaudación proyectada para el año pasado.

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Así, tipificar estos actos de evasión de los llamados “factureros” como pertenecientes a la delincuencia organizada podría ser una herramienta para llevar ante la ley a criminales que de manera sistematizada expiden, venden, enajenan y compran comprobantes fiscales por compras que en realidad no fueron realizadas, lo que permitiría, según los legisladores, brindar mayor seguridad al estado financiero de la nación.

Empresarios advierten riesgos para contribuyentes cumplidos

Si bien la intención es perseguir a defraudadores fiscales que con dolo buscan hacerse de dinero ilícito, integrantes de la Comisión Fiscal Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han advertido que existen riesgos potenciales para aquellas empresas que no actúan de mala fe, ya que pueden ser coludidas a dichos actos criminales sin que tengan realmente algo que ver.

Al respecto, Esquer Félix, presidente de la Coparmex, enfatizó que en dicho organismo están de acuerdo con el combate a las empresas fantasma, pero puntualizó que las medidas que se piensan implementar pueden afectar a negocios que aún habiendo incurrido en alguna falta fiscal no por ello se relacionan forzosamente con la delincuencia organizada.

Para explicar esto, manifestó que por una compra legítima hecha a una empresa que posteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) adscribe a su lista negra, el comprador puede verse envuelto en averiguaciones que podrían arruinarlo pues, con las reformas, los presuntos culpables ameritarían prisión preventiva oficiosa en lo que se aclara la situación.

Sin embargo, aunque esto puede sonar alarmante en primera instancia, cabe aclarar que todas estás medidas se enfocan en procurar mejores prácticas contables de los negocios que, al llevar un adecuado control de facturas, pólizas electrónicas, complementos de pago y demás requerimientos, no deberían tener ningún problema con la autoridad.

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