Declaración patrimonial: ¿Qué es y quién debe presentarla?

Uno de los temas más controversiales en la administración pública es la declaración patrimonial en la que se detallan exhaustivamente todos los bienes, ingresos e intereses financieros de los servidores públicos.

Hoy en el blog de Facturador.com te contaremos todo lo que debes saber sobre la declaración patrimonial qué es, para qué se solicita, cuándo es obligatoria y cómo se debe presentar.

¿Qué es la declaración de situación patrimonial?

De acuerdo con el Artículo 32, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los servidores públicos deben presentar la declaración de situación patrimonial, un documento oficial en el que deben dar a conocer la totalidad de su patrimonio, el cual incluye ingresos, bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, acciones, inversiones financieras, rentas, dividendos, préstamos, hipotecas e intereses.

Esta declaración es una obligación establecida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con el objetivo de asegurar que no aprovechen sus cargos de servicio público para obtener beneficios indebidos.

Objetivos de la declaración de situación patrimonial

• Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público.
• Verificar que el patrimonio de los funcionarios públicos sea congruente con sus ingresos declarados.
• Prevenir y detectar posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

¿Quiénes deben presentar su declaración de situación patrimonial?

La obligación de presentar una declaración de situación patrimonial es para aspirantes a cargos en el servicio público como: presidentes, gobernadores, legisladores, funcionarios de alto nivel, jueces, magistrados, agentes del ministerio público, peritos, integrantes de la policía, jefes de departamentos y en general todos los servidores públicos que manejen recursos económicos, que expidan licencias, permisos, concesiones o que intervengan en la adjudicación de contratos.

Los funcionarios públicos que tienen un cónyuge o viven en concubinato con otra persona que tiene un cargo público deben presentar su declaración por separado.

En algunos casos se solicita la declaración patrimonial a puestos directivos de empresas transnacionales, contratistas gubernamentales y proveedores del sector público para fomentar la transparencia.

Tipos de declaración de situación patrimonial

Existen tres tipos de declaración patrimonial:

• Declaración inicial. Se realiza dentro de los primeros 60 días naturales a la toma de posesión de un cargo público o comisión.
• Declaración de modificación patrimonial. Se realiza de forma anual durante el mes de mayo.
• Declaración de conclusión. Dentro de los 60 días naturales después de finalizar el cargo público se debe presentar nuevamente la declaración.

En el caso de los candidatos a puestos de servicio público, deben presentar su declaración patrimonial antes y después de sus campañas electorales.

¿Cómo se presenta la declaración de situación patrimonial?

La declaración patrimonial se presenta a través del sitio web de DeclaraNet, el cual es administrado por la Secretaría de la Función Pública: https://declaranet.gob.mx/.

Ingresa utilizando tu CURP y contraseña, completa los campos solicitados y adjunta la documentación para respaldar la información proporcionada.

Para firmar oficialmente la declaración de situación patrimonial debes contar con la Firma Electrónica Avanzada o e.firma que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para justificar tu declaración patrimonial, puede ser necesario presentar escrituras, contratos de compra-venta, facturas de bienes e inmuebles, estados de cuenta de inversiones, cuentas bancarias, comprobantes de ingresos y estados de cuenta de adeudos o gravámenes.

Además, en algunos casos se solicita la información de los bienes del cónyuge y de sus dependientes económicos.

Consecuencias de no presentar la declaración de situación patrimonial

En caso de incumplimiento por parte del servidor público, ya sea por presentarla incompleta o fuera de los periodos establecidos, podría ser suspendido de su empleo, cargo o comisión por un periodo de entre 15 y 30 días naturales. En caso de omisión sin causa justificada, el servidor público podría ser suspendido o inhabilitado por un periodo de entre seis meses y un año.

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